El Estado tiene como deber garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales fundamentales de la ciudadanía, enfatizando los grupos de atención prioritaria. En este contexto, el Ministerio de Educación, en conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo holístico e integral de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el respeto,
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.
Dentro de los derechos constitucionales se encuentra el derecho a vivir una vida libre de violencia, y las instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de este derecho deben garantizar la seguridad y la salud pública. Para ello, las normas, estructuras y prácticas de intervención y prestación de servicios deben realizarse de forma oportuna, eficiente y articulada.
Las instituciones educativas son espacios de interacción de niños, niñas y adolescentes, que poseen formas diferentes de concebir la realidad y las relaciones sociales y en donde se puede detectar actitudes y actos de violencia que merman el desarrollo de la convivencia armónica. En este sentido, es un espacio donde se debe potenciar relaciones sanas y la erradicación de cualquier tipo de violencia. Es por ello que, mediante el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional expedido en diciembre de 2012 y suscrito por el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, se busca garantizar espacios educativos libres de violencia, por medio de la prevención, atención, protección, investigación y restitución inmediata de los derechos vulnerados, evitando la revictimización de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia.
En este contexto, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, ha actualizado el documento denominado Ruta y protocolo de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación, con el fin de guiar la actuación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y de la comunidad educativa en su conjunto sobre cómo actuar ante casos de violencia.
Este instrumento ofrece una perspectiva teórica sobre la violencia y su categorización, con el fin de orientar a docentes, autoridades educativas y profesionales de los DECE en la detección de estas situaciones de riesgo. También aborda diferentes tipos de violencia como: negligencia, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual; a esta última se le otorga una especial importancia, al considerarla como un tipo de violencia que tiene fuertes repercusiones en la dimensión personal y socio cultural del ser humano y que suele estar invisibilizada en los contextos donde se produce.
Adicionalmente, el documento define estrategias de resolución de conflictos, tanto de carácter preventivo como reactivo, que pueden implementarse en las instituciones educativas, como la mediación escolar, los círculos restaurativos, las reuniones restaurativas y las reuniones de grupo familiar. De la misma forma se definen las rutas de actuación para acompañar a estudiantes, familiares y equipo docente ante la detección de un caso de violencia, siempre en el marco de la protección integral y la no revictimización y el trabajo con el agresor o agresora. Por último, se establecen líneas de actuación ante la detección de un caso de violencia, en concordancia con el marco legal vigente, visibilizando la importancia de fortalecer la protección, el acceso a la justicia, la restitución de derechos vulnerados, dando énfasis en la reparación del daño que se les hace a las personas antes este tipo de situaciones de conflicto y el restablecimiento de las relaciones humanas, en lugar de solamente castigar a las personas infractoras (Zehr, 1990).
El documento es de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fiscomisional y particular del sistema nacional de educación y regulará las acciones que deben implementar las autoridades de la institución educativa, el equipo de los DECE, docentes en general y el personal administrativo y de servicio.
(Introducción del libro “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo”, publicación desarrollada por el equipo de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, con el aporte de VVOB Ecuador y la validación de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura)
Puede descargar el documento en el enlace que se encuentra a continuación:
